HISTORIA PARA FUNDAMENTAR

(Historia para Fundamentar - Artículo)

DISEÑO DE ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL

EN VENEZUELA

8.  (Vaya al "Resumen 2012 de Historia para Fundamentar", pestaña "Asesoría, etc.",  para ubicar en el blog las entregas anteriores de este ensayo)

Además del resguardo indígena, las formas de tenencia reseñadas al comienzo y en varios momentos de este ensayo, fueron debilitándose y desapareciendo a lo largo del siglo XIX, bajo el ataque de las clases interesados en el control absoluto de la tierra.  En la medida en que el siglo avanzaba, más se decantaba el concepto de propiedad de la tierra como estratégico para el dominio de clases y del poder político; con más claridad se relacionaba la tierra con los intentos de establecer un modelo primario exportador nacional, bajo la égida de un estado liberal bajo el control férreo de las clases relacionadas con la propiedad de la tierra y el comercio, funcionando en el ámbito del libre mercado y las pautas de la división internacional del trabajo establecidas por la relación internacional, intento que fracasó y sólo se produjo con claridad bien entrado el siglo XX.

Las modalidades de propiedad municipal (ejidos y propios) que parecieron fortalecerse inmediatamente después de la guerra, con la práctica de incorporar tierras de resguardos “despoblados” y de legalizar extensiones que les pertenecían de hecho o por compra de tierras de la Corona en el período colonial, pronto fueron asediadas por terrófagos que mediante compra o auto asignación fueron despojando a los municipios de sus propiedades rurales, dejando algunos hasta sin tierras para la necesaria expansión urbana.  Recordemos que desde siempre los integrantes del cabildo habían sido miembros de las clases dominantes de la sociedad, y que las tierras más valiosas, por tanto las más apetecidas, eran las ubicadas cerca de los centros urbanos.

Las tierras realengas, de la nación, sufrieron un proceso de apropiación por tres vertientes.  La una, como pago de la participación en la guerra de independencia y guerras sucesivas, los llamados “haberes militares”; otra, por remates o ventas de extensiones y la tercera por la colonización y ampliación de la frontera agrícola que originaba unidades de producción que a la larga eran legalizadas o perdidas.  En todos los casos terminaron conformando grandes propiedades.  En el primer caso, la profunda desigualdad de su distribución según el rango militar de los beneficiarios, hizo que los oficiales de más alta jerarquía terminaran comprando las tierras asignadas a los de bajo rango y a la tropa en general, que recibieron compensaciones ridículas; la segunda, porque generalmente las ventas y remates afectaban extensiones grandes y la tercera, por aprovechamiento del conocimiento de los vericuetos legales, que permitían que se denunciaran y se obtuviese propiedad sobre tierras ya físicamente colonizadas pero sin legalización de la propiedad.

Concluida la guerra de la Independencia, y como efecto del reordenamiento demográfico resultante, comienza un proceso de ampliación de la frontera agrícola, protagonizado sobre todo por mezclas étnicas sin cabida en el modelo económico que se establecía.  Esta colonización se hizo sobre todo sobre tierras realengas, conformándose un tipo de unidad de producción de pequeña a mediana extensión, basada en el trabajo familiar y prácticamente autárquica o con canales muy endebles de comunicación con la economía regional o nacional.  Este tipo de colonización fue muy importante territorialmente y amplió considerablemente la superficie sobre la cual se había asentado el modelo colonial de exlotación de la tierra (la famosa “economía colonial” se resolvió sólo en alrededor del 8% de las tierras de la nación).

Otra forma de afectación de las tierras realengas fue su distribución entre quienes se asentaran en ellas movidos por la promoción de la construcción, mantenimiento y seguridad de caminos importantes para evacuar la producción de áreas tradicionalmente aisladas o con dificultades de comunicación.  Esta distribución de tierras de “huecos vacíos” se realizó también en unidades de pequeña o mediana dimensión.  Crear posada para los viajeros, potreros para los arreos y caballerías y mantener las condiciones y seguridad de los caminos eran generalmente los compromisos que adquiría los beneficiarios de ese tipo de distribución de tierras.  En algunos casos se cumplieron los objetivos y se establecieron vías de comunicación dinámicas y productivas.

Las tierras de corporaciones eclesiásticas, de “manos muertas”, definitivamente pasaron al Estado cuando Guzmán Blanco ordena la extinción de los conventos y la expropiación de sus bienes (1874).  Pero más importante que la propiedad directa, eran las tierras que tenía gravadas mediante "censos" que antes, en 1870, el Estado había “redimido”, poniendo fin a esta practica onerosa de financiamiento de las actividades económicas, vigente desde la colonia temprana.

Es difícil determinar en la historiografía la cantidad de bienes rurales que pasaron a manos del Estado y su destino posterior; al igual de cómo benefició al Estado rentista y si los productores sacaron alguna ventaja del traslado de sus deudas de Iglesia a Estado.  Esos aspectos están generalmente solapados por posiciones ideologizadas, que matizan de subjetivismo la actuación de Guzmán frente a la Iglesia y sus intereses económicos (esto puede considerarse una debilidad de la historia “positivista”, responsable de la mayoría de análisis de ese momento histórico).  Igualmente es frecuente encontrar juicios mal sustentados sobre la significación económica del censo (5% de interés) y su transformación cuando el financiamiento de la actividad agropecuaria pasó definitivamente de manos de la Iglesia a la de los comerciantes.

El censo colonial y decimonónico siempre fue un porcentaje muy oneroso, porque lindaba o sobrepasaba la rentabilidad de la mayoría de las actividades agropecuarias, y siendo que a la Iglesia no le convenía adquirir la propiedad sino percibir la renta, los productores en la práctica estuvieron trabajando para las corporaciones eclesiásticas que otorgaban los capitales.  Desde mediados del XIX la presencia de los comerciantes en el préstamo hipotecario rural fue más activo, actividad que monopolizaron cuando la Iglesia fue sacada del negocio.  El interés fue subiendo del censo a porcentajes ya no onerosos sino francamente usureros, que produjo una trasferencia de propiedad agraria (remates, retroventa, simple entrega) hacia los sectores prestamistas, favoreciendo la tendencia a la conformación de la Gran Propiedad rural hegemónica. 

Como conclusión a estos planteamientos, podemos decir que de variadas modalidades de tenencia de la tierra, a lo largo del XIX fue estructurándose una única, la Gran Propiedad liberal, que ya a finales del siglo tenía una tendencia clara a convertirse en hegemónica.  A determinar las características de ese tipo de propiedad y el papel histórico de la clase social que se conformó alrededor de su tenencia, dedicaremos el próximo apartado de este ensayo.