(HISTORIA PARA FUNDAMENTAR - ARTÍCULO)
DISEÑO DE ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL
EN VENEZUELA
Desde los mismos inicios de la Guerra de la Independencia comienza a introducirse los factores que a corto y mediano plazo modificarán y a más largo plazo destruirán el sistema de tenencia de la tierra conformado durante la época colonial y diseñado en entrega anterior. Pero el enervamiento bélico también comenzó a producir cambios en la conciencia social sobre la forma de acceder a la propiedad territorial, que se desarrollarán y tendrán importancia decisiva desde mediados de siglo.
Al mismo fragor de la lucha, y según el contendiente que “controlara” Caracas o el designado asiento de la capital, se producía el comiso a favor del Estado de la propiedad territorial de los por el momento derrotados, confiscación que en realidad se traducía en un cambio de propiedad de las unidades de producción privada de blancos de los propietarios realistas a los patriotas, o viceversa. En esta primera modificación hay que hacer notar que la pertenencia étnica va a dejar de estar rígidamente relacionada con la propiedad, pues los patriotas emergentes e incluso varios de los jefes realistas, usufructuarios de los cambios circunstanciales de la propiedad, no sólo eran blancos, sino miembros de varias mezclas étnicas. Es el inicio de la formación de una oligarquía basada en el dominio de la propiedad territorial, clase social bajo cuya hegemonía estaría el país hasta bien entrado el siglo XX.
Otro fenómeno relacionado con la propiedad, con menos influencia en el futuro, es la expropiación y administración por parte del Estado de unidades de producción correspondientes a la propiedad misional indígena, con el objeto de obtener recursos para la guerra, pero una vez terminado el conflicto, estas propiedades, esquilmadas y con la mano de obra indígena dispersa, caen en el abandono. Sí va a marcar una tendencia reforzadora de la oligarquía terrateniente la medida tomada en pleno proceso independentista de pagar con tierras la participación en la guerra, en cuantía proporcional al escalafón militar a que se hubiese llegado, es decir, los llamados "haberes militares", reparto por lo demás muy desigual (Lo que correspondía a los soldados era el 2,5% del promedio asignado a los generales). Convertidos en papeles equivalentes, bonos, los jefes patriotas comenzaron a comprar las pequeñas asignaciones entregadas a los bajos rangos, o comenzaron a caer en manos de comerciantes y usureros, reforzando el reparto del territorio efectivamente colonizado entre pocos propietarios. El expediente de la retribución en tierras por los servicios militares, se extendió a las guerras civiles que abundaron desde la independencia, afectando también a territorios hasta el momento no colonizados, circunstancia con repercusiones tardías que plantearemos en su oportunidad.
Una vertiente de este decepcionante hecho fue el cambio en la conciencia social sobre la forma de acceder a la propiedad territorial, anunciada antes. La incorporación de no propietarios a la lucha se hizo en buena medida tras la promesa de que después de la victoria tendrían acceso a la propiedad de la tierra y, en el caso de los esclavos, la libertad y la abolición de la esclavitud. Fue una oferta inicialmente hecha por caudillos militares, que se extendió como política de los jefes de los ejércitos formales. En el ámbito patriota, el promotor más insistente en estas recompensas fue Bolívar y los jefes militares bolivarianos. El incumplimiento de estas promesas por parte de la oligarquía emergente y de quienes conspiraron para destruir la obra bolivariana, además de producir frustración inmediata, fue creando conciencia de que, además de los resquicios en los mecanismos económicos para acceder a la posesión de la tierra (como la colonización de espacios "vacíos", debido a la inexistencia de frontera agrícola), había una modalidad más expedita, como era su obtención mediante la participación en los conflictos militares, el derecho que sobre la tierra se obtenía por la lucha armada.
Por último, un fenómeno que comenzó a generarse durante la Independencia y que marcó otra importante tendencia futura fue la posición frente a la propiedad comunal indígena, los resguardos. La generación liberal libertadora, creyente ferviente de los principios liberales de igualdad ante la Ley y de la iniciativa individual como motor de los procesos económicos, se planteó la eliminación inmediata de situaciones no compatibles con esos postulados supremos. La más evidente era la de los indígenas, a quienes la Corona siempre consideró menores de edad, necesitados de tutelaje y por ello separados de otras etnias, sometidos a una legislación especial y organizados bajo una estructura social que suponía la propiedad común de tierra y medios de producción. Esa organización les permitía resolver sus necesidades económicas básicas y conservar patrones culturales relacionados con el modo de producir, a pesar de los siglos de etnocidio cultural a que fueron sometidos.
La mayor parte de los resguardos se mantenían al margen de la economía local o regional. Los intercambios eran mínimos y apenas les interesaba los necesarios para obtener el monto dinerario que debían tributar a la Corona. Esta realidad chocaba de frente con los fines del modelo liberal en implantación, decidido a convertirlos en ciudadanos con iguales derechos políticos y económicos que los demás sectores de la sociedad en formación. Muy temprano (Constitución de 1811) se enunció el reparto en propiedad de los resguardos, y nueve años después se ordenó proceder a su distribución, ley que, como veremos, no tuvo aplicación inmediata.
Diferenciamos siempre el comportamiento de la primera generación de liberales, la libertadora, de la posterior oligarquía liberal (paradoja de por medio), regida primero por la filosofía social racista del pre positivismo y luego por la represiva y excluyente del positivismo. En el caso de los resguardos, los liberales de la generación libertadora actuaban apegados a los más altos principios del pensamiento liberal y se proponían defender a los indígenas de quienes ya comenzaban a apropiarse de sus tierras y de la "desventaja" legal a que estuvieron sometidos durante la colonia. La siguiente generación liberal buscó con las numerosas leyes de repartición de los resguardos colocarlos "legalmente" al alcance de su apetencia por la tierra. Que los efectos de ambas intenciones coincidiera, es algo que nos remite a un posterior análisis.
Diferenciamos siempre el comportamiento de la primera generación de liberales, la libertadora, de la posterior oligarquía liberal (paradoja de por medio), regida primero por la filosofía social racista del pre positivismo y luego por la represiva y excluyente del positivismo. En el caso de los resguardos, los liberales de la generación libertadora actuaban apegados a los más altos principios del pensamiento liberal y se proponían defender a los indígenas de quienes ya comenzaban a apropiarse de sus tierras y de la "desventaja" legal a que estuvieron sometidos durante la colonia. La siguiente generación liberal buscó con las numerosas leyes de repartición de los resguardos colocarlos "legalmente" al alcance de su apetencia por la tierra. Que los efectos de ambas intenciones coincidiera, es algo que nos remite a un posterior análisis.
Es así que durante la Guerra de Independencia se perfilaron los fenómenos que darían al traste con la estructura político territorial existente, pero ninguno de ellos completó su ciclo en el corto plazo que abarcó, 1811-1824, ni en el inmediatamente siguiente, hasta la desintegración de la Gran Colombia. No obstante, la tendencia marcada es hacia el establecimiento hegemónico de la gran propiedad territorial, proceso que es paralelo a los intentos de conformación del Estado liberal-oligárquico y la adopción del modelo primario-exportador en el marco de la división internacional del trabajo.
A estudiar la conformación definitiva de la gran propiedad hegemónica dedicaremos la próxima entrega de este ensayo.
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